En su más reciente columna publicada en Diario El Comercio, Ruben Guevara, director general de Centrum PUCP, analiza los resultados del Índice de Progreso Social Mundial 2026 y advierte sobre la brecha persistente entre el crecimiento económico del Perú y el bienestar real de su ciudadanía.

El Perú ha crecido. Ha fortalecido su estabilidad macroeconómica, expandido sus exportaciones y mantenido indicadores que, durante años, han sostenido su narrativa de competitividad. Sin embargo, como señala Ruben Guevara en su columna “Cuando el crecimiento económico se queda corto”, los datos del Índice de Progreso Social Mundial 2026 revelan una realidad estructural más compleja: el país vuelve a ubicarse en el último lugar de la Alianza del Pacífico en progreso social y entre los puestos más rezagados de América Latina.

La reflexión es clara. Crecer no es sinónimo de avanzar. El progreso social introduce variables que la competitividad tradicional no siempre prioriza: calidad educativa, seguridad ciudadana, acceso a vivienda digna, confianza institucional y movilidad social. Competir en el siglo XXI implica no solo productividad y eficiencia, sino bienestar tangible para la población.

El contraste en educación ilustra esta tensión. Mientras el país alcanza casi cobertura universal en matrícula primaria, la calidad educativa se mantiene en niveles críticos a escala global. La brecha entre acceso y resultados expone desafíos en gestión pública, eficiencia del gasto y articulación con las demandas productivas de una economía cada vez más sofisticada.

En seguridad personal, el deterioro representa un riesgo aún mayor. La evidencia empírica es contundente: cuando la seguridad pública se debilita, la inversión se retrae. La inseguridad no solo afecta la vida cotidiana; erosiona el capital social, desalienta proyectos de largo plazo y compromete la gobernabilidad.

A ello se suman déficits estructurales en vivienda asequible y una persistente percepción de corrupción que socava la confianza institucional. En un año electoral, la advertencia es estratégica: relegar el progreso social puede comprometer tanto la estabilidad económica como la legitimidad política.

La verdadera competitividad del Perú en 2026 no se definirá únicamente en los mercados internacionales, sino en su capacidad de cerrar la brecha entre crecimiento económico y bienestar social.

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